El Estado, la economía y la cultura

¿Cuál debe ser el papel del estado en las actividades artísticas y culturales? ¿debe el gobierno intervenir en la cultura? ¿con qué políticas? ¿con cuanto presupuesto? La discusión siempre ha resultado controvertida, pero un análisis del Dr. Andrés Roemer establece los argumentos que justifican la intervención del estado en el “mercado de la cultura”.

El autor del libro Enigmas y Paradigmas. Una exploración entre el arte y las políticas públicas reconoce tres tipos de argumentos que pueden utilizarse para defender la intervención en las actividades artísticas y culturales: argumentos de eficiencia, argumentos de equidad y argumento de bienes públicos.

Argumentos de eficiencia: Los estudiosos de la economía y las políticas públicas reconocen como innecesaria la intervención del estado en los mercados, pero la producción artística constituye una excepción, ¿por qué? Una posible respuesta es que este mercado no opera de modo eficiente, y las fallas de mercado son una justificación per se para un trato diferenciado por parte de la política pública.

Dice el Dr. Roemer: “Los mercados, orientados por las necesidades y los deseos de los consumidores, toman en cuenta los beneficios privados mas no los sociales. Sin embargo, siempre que los beneficios sociales sean mayores que los privados, un bien se producirá en una cantidad menor que la óptima, a menos que se provean recursos complementarios”. Es en este contexto en que existe razón suficiente para que el gobierno intervenga en el funcionamiento de los mercados y el de la cultura es, sin duda, un mercado disfuncional.

Argumentos de equidad: Dice una máxima en ciencia política que si la sociedad coincide en que los bienes culturales son para que todo mundo los disfrute y el mercado nos los ofrece, entonces se justifica la intervención pública. “La preocupación por la distribución del ingreso forma parte del argumento a favor del apoyo público a las artes por razones de peso. Es necesario preguntarse cómo la distribución del ingreso existente afecta el acceso a las artes. La inequidad en la distribución del ingreso, ¿hace tan inaccesibles las artes y la cultura a los que menos tienen que constituye un argumento para justificar la intervención del gobierno?” Se pregunta el Dr Roemer, y continúa: “Un corolario a dicha pregunta es: ¿cómo afectan los subsidios a las artes por medio de la distribución del ingreso?, ¿es probable que los subsidios ayuden a los individuos con menos recursos a expensas de los que más recursos tienen y/o viceversa? En cualquiera de los casos las consecuencias, en términos de una distribución inequitativa, constituyen un problema...”.

Argumentos de bienes públicos: Otra razón para la intervención del estado en el ámbito de la cultura y las artes es el hecho de que los bienes públicos no son más que un caso particular de externalidad. “Los bienes públicos, como puntualizó Samuelson, tienen dos características: ninguna persona tiene derechos exclusivos sobre su consumo (no exclusividad), y que una persona consuma ese bien no impide que otra persona también lo haga (no rivalidad). Bajo estas circunstancias, es difícil reservar el bien a la persona que está pagando por él; es decir, es difícil evadir el problema del ‘oportunista’ que goza de un bien sin pagar por él, lo cual es posible porque nadie puede ser privado de su consumo. Tales oportunistas impiden a cualquier productor privado obtener beneficios suficientes para proveer el bien. En estas circunstancias, la teoría económica sugiere que el suministro que pueda llevar a cabo el mercado será menor al socialmente óptimo y será necesario explorar otro tipo de aportaciones...”.

Como se ha analizado, los argumentos económicos planteados por el Dr. Roemer, legitiman la inversión gubernamental en el ámbito artístico y cultural; sin embargo, como el mismo concluye en su texto: “la defensa de la inversión en cultura no debe justificarse como razón de sustentabilidad bajo los argumentos de mitigar la desigual distribución del ingreso, combatir la pobreza y generar crecimiento económico. El principal fin de la política cultural es, sin duda, algo más preocupante: combatir la ignorancia, propiciar el desarrollo humano, inducir la cohesión social, derrocar el racismo, abatir la exclusión, defender el derecho a las diferencias, así como instituir la convivencia, preservar nuestro patrimonio, difundir y alentar los procesos, bienes y servicios culturales; vitalizar la autoestima, tomar conciencia de quienes somos, lograr la plena libertad para vivir lo que aspiramos a ser...”